República Dominicana en transición: avances palpables, desafíos por consolidar

Delvi Santos

El balance presentado por el presidente Luis Abinader ofrece un panorama de logros que, en cifras, resultan difíciles de ignorar. Indicadores en salud, seguridad, vivienda y economía muestran mejoras medibles: mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, ampliación de la red hospitalaria, drástica reducción de la tasa de homicidios y crecimiento sostenido del PIB per cápita. Estos resultados respaldados por obras concretas como hospitales, centros de primer nivel, titulaciones y programas de empleo dan tono a una gestión que ha priorizado la inversión en capital humano e infraestructura básica, elementos indispensables para cualquier proyecto nacional de desarrollo.

Sin embargo, el relato oficial exige lectura crítica más allá del titular. Las cifras agregadas ocultan desigualdades territoriales y socioeconómicas que persisten: la cobertura de servicios puede mejorar en promedio mientras comunidades rurales y barrios marginados sigan rezagados en acceso efectivo a atención especializada, agua potable y servicios de calidad. Además, indicadores como la reducción de embarazos en adolescentes y la cobertura social requieren análisis sobre la sostenibilidad de los programas y su calidad, no solo sobre números absolutos de afiliados o de cursos impartidos.

En materia de seguridad, la caída de la tasa de homicidios es un logro relevante y estratégico para la percepción del país y la atracción de inversión y turismo. No obstante, la seguridad ciudadana también demanda reformas sistémicas en justicia, prevención integral y atención a factores estructurales del delito: pobreza, desempleo juvenil y debilidad institucional. Los aumentos salariales y la incorporación de agentes son importantes, pero deben ir acompañados de control civil, capacitación continua y evaluaciones de impacto independientes para evitar retrocesos.

La economía y el impulso productivo muestran aciertos claros: crecimiento del PIB per cápita, récord de inversión extranjera, recuperación del turismo y dinamismo en zonas francas y agroindustria. Aun así, la calidad del empleo y la distribución del ingreso siguen siendo preguntas abiertas: la creación de empleos formales es positiva, pero la brecha salarial, la informalidad persistente y la necesidad de empleos de mayor valor agregado exigen políticas industriales, educativas y de innovación más ambiciosas y sostenidas.

En educación y tecnología se observan iniciativas interesantes, desde programas de robótica hasta expansión de la primera infancia y formación técnica masiva. Estas acciones son estratégicas para cerrar brechas futuras y mejorar la competitividad, siempre que se mantenga la calidad docente, la conectividad y el seguimiento de trayectorias estudiantiles. La clave estará en trasladar cobertura a resultados: mejores aprendizajes, vinculación formativa con el mercado laboral y medidas que eviten la deserción a mediano plazo.

En síntesis, el periodo 2020–2025 presenta avances concretos y una agenda de obras y programas que han movido varios indicadores en la dirección correcta. Ahora corresponde a la sociedad y al periodismo exigir que esas cifras se traduzcan en equidad, sostenibilidad y transparencia: verificar el impacto real en territorios olvidados, garantizar la rendición de cuentas y diseñar políticas públicas que no solo mejoren promedios, sino que transformen la vida cotidiana de quienes hoy aún quedan al margen.