Encrucijada caribeña: impunidad, redes locales y la sombra sinaloense en la República Dominicana

La República Dominicana lleva décadas siendo mucho más que un destino turístico: su posición geográfica la convierte en pieza clave de las rutas que conectan productores sudamericanos con consumidores en Norteamérica y Europa. Esa condición estratégica —puertos, corrientes marítimas y una extensa franja costera— no solo facilitó el tránsito de mercancías legítimas, sino que también permitió que organizaciones criminales y operadores locales transformaran el territorio en un corredor rentable y relativamente permeable al narcotráfico. Ignorar esta historia es desconocer por qué hoy persisten agujeros institucionales que facilitan el paso de cargamentos y el blanqueo de ganancias ilícitas.

El relato histórico, desde los pedidos de extradición en la era de Balaguer hasta los procesos más recientes, muestra una continuidad preocupante: la presencia de actores buscados internacionalmente y la reiteración de vínculos entre el crimen organizado y sectores del poder. Casos como los de Quirino Paulino Castillo o Miguel Figueroa Agosto no son episodios aislados sino manifestaciones de un ecosistema en el que militares, políticos y operadores económicos han interactuado a veces con complicidad, otras por omisión permitiendo que redes se articulen y reciclen sus negocios. Esa vieja impunidad es un lastre que obliga a una mirada crítica sobre las instituciones nacionales.

A la dinámica local se superpone hoy la amenaza de la influencia transnacional: el presumible interés del Cártel de Sinaloa en controlar tramos marítimos y consolidar puntos logísticos en el Caribe añade escala y sofisticación a un fenómeno ya peligroso. No siempre hablamos de bases permanentes: con frecuencia se trata de alianzas pragmáticas, subcontratación y apoyo técnico puntual. Pero la capacidad financiera y logística de un gran cártel altera los incentivos y eleva el riesgo de violencia, corrupción y captura económica en sectores claves como transporte, pesca y comercio exterior.

El impacto en la sociedad dominicana es amplio y corrosivo. La corrupción corroída por sobornos y favores erosiona la confianza pública; la violencia asociada al control de rutas transforma comunidades costeras en zonas de riesgo; y el ingreso masivo de capitales ilícitos distorsiona mercados y dificulta la actividad económica formal. Además, las limitaciones en investigación forense y financiera, la lentitud judicial y la fragilidad de medidas de protección a testigos alimentan un ciclo donde los actores caen en prisión, pero las redes vuelven a reconstituirse bajo nuevos rostros.

Las respuestas dadas han mostrado resultados parciales: operativos coordinados, decomisos y extradiciones han desarticulado piezas importantes, pero no han revertido estructuras. La lección es clara: enfrentar al narcotráfico exige más que golpes policíacos simbólicos. Requiere profesionalizar fuerzas de seguridad y fiscalías, fortalecer la inteligencia financiera, garantizar protección efectiva de testigos, y aplicar transparencia en los procesos judiciales para cerrar el espacio a la impunidad. Sin estas medidas, cualquier éxito táctico será temporal y las organizaciones seguirán adaptándose.

Finalmente, la salida debe ser integral y sostenida: la combinación de periodismo investigador que desentrañe nexos locales e internacionales; cooperación regional y con Estados Unidos para compartir inteligencia; medidas contundentes contra el lavado de activos; y políticas sociales dirigidas a reducir la vulnerabilidad de jóvenes en zonas costeras. La sombra del Cártel de Sinaloa real o potencial debería ser un llamado de atención: no basta con reaccionar ante crisis, hay que robustecer las instituciones y atacar las raíces económicas y sociales que hacen rentable el crimen.

Si la República Dominicana quiere recuperar plenamente su soberanía y seguridad, debe transformar ese corredor estratégico en una plataforma de transparencia y desarrollo, no en una vía para la impunidad.