El impacto oculto del caso Wander Franco en la crisis de embarazo adolescente en RD

Este caso, que acaparó titulares no solo por la fama del implicado sino también por la crudeza de los hechos, desnuda una realidad que va mucho más allá de una promesa deportiva caída. Revela el panorama sombrío de una infancia vendida, explotada y silenciada. La madre de la menor, exigente del pago a cambio del consentimiento para la relación, ilustra uno de los peores rostros del abuso: la familia intermediaria que convierte a las niñas en mercancía, y el éxito mediático como coartada para perpetuar la impunidad.

Una epidemia nacional que persiste

República Dominicana exhibe una de las tasas más elevadas de embarazo adolescente en América Latina. Según datos oficiales y de organismos internacionales como Unfpa, cerca del 20% de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, con picos superiores al 30% en zonas rurales. Esta realidad no solo limita las posibilidades de vida de miles de jóvenes; las ausenta de la escuela y les roba oportunidades. Más de la mitad de las adolescentes embarazadas abandona los estudios, agravando ciclos de pobreza y marginación.

Este fenómeno no surge en el vacío. La falta de educación sexual integral, el acceso limitado a servicios de salud reproductiva y anticonceptivos, la débil aplicación de leyes de protección y, fundamentalmente, la tolerancia social a las uniones adultas con menores, son causas que configuran un escenario donde la explotación se normaliza. En muchos sectores, la figura del adulto que “ayuda” a la adolescente con recursos a cambio de su sometimiento es visto con indiferencia o incluso como una forma de protección, despojando a las niñas de su autonomía y derechos.

El espejismo de la justicia y la persistente impunidad

Si bien el caso de Wander Franco terminó en los tribunales, gracias a su fama y visibilidad, es solo la punta del iceberg. La ley dominicana establece penas severas contra el abuso sexual infantil, pero la realidad demuestra que muchos delitos quedan sin investigar ni sancionar, invisibilizados en los ámbitos rurales o pobres, donde las mujeres jóvenes y sus familias no tienen recursos para exigir justicia.

El entorno cultural que minimiza estos casos bajo etiquetas como "uniones consensuadas" o "amores juveniles" perpetúa el ciclo de abuso y embarazos forzados. La impunidad se sostiene en el silencio colectivo, la falta de voluntad política y la escasa protección institucional.

¿Hay avances? Sí, pero son insuficientes

Las cifras recientes muestran una disminución paulatina de los embarazos adolescentes, lo que indica que las campañas y políticas públicas han empezado a dar resultados. Pero todavía es insuficiente. En 2024, más de 17,000 adolescentes quedaron embarazadas. La brecha entre clases sociales es alarmante, con tasas diez veces mayores en sectores más pobres.

La lucha debe intensificarse. No basta con penas de prisión ni campañas esporádicas. Hay que transformar la cultura que acepta el abuso, garantizar educación sexual con enfoque de derechos, fortalecer la atención en salud reproductiva y hacer cumplir las leyes con rigor y sin excepciones.

Reflexión final

El caso Wander Franco es un símbolo doloroso de un país que debe mirarse en su propio espejo. No es solo el escándalo de un ídolo caído, es el reflejo de un sistema que falla en proteger lo más valioso: la infancia. Cada embarazo adolescente es una infancia interrumpida, un futuro que se pierde y una deuda que el país tiene con sus mujeres más jóvenes.

Si República Dominicana aspira a un desarrollo social digno y justo, debe dejar atrás la indiferencia y encarar con decisión esta realidad. La protección efectiva de las niñas, niños y adolescentes no es solo un mandato legal, sino un imperativo moral para garantizar el bienestar y la igualdad que toda sociedad merece.